Dicha resolución “consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa”, exonerando en los hechos a diversos funcionarios.
Un juez ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República, por irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa en el que 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, informaron hoy abogados de los padres.
Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), que representa a los familiares, indicó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de Ciudad de México, dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR.
#Ojo 👇#Ayotzinapa: Juez ordena que se emita una nueva resolución que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría.
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— Centro Prodh (@CentroProdh) 13 de enero de 2019
Dicha resolución «consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa», exonerando en los hechos a diversos funcionarios.
En su sentencia, el juez ordenó que se emitiera una nueva resolución «que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible «trascendencia penal» de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría, se apuntó en la nota.
El juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la ciudad de México otorgó un amparo tramitado por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales, con el que dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR, la cual consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la dependencia de procuración de justicia durante las indagatorias sobre el caso, exonerando en los hechos a los servidores públicos.
Además «reconoció el interés jurídico de las víctimas indirectas» en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad.
También consideró que la resolución de la Visitaduría «no fue exhaustiva ni congruente» y advirtió que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad.
«En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas», indicó el texto.
Para los familiares de los desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, «revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del Caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo».
La nota recordó que la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Pero se produjo un viraje «lamentable» que significaba una oportunidad perdida para, efectivamente, atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.
Bajo el mandato del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), el caso más mediático fue la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.
El Ejecutivo de Peña Nieto tuvo algunos encontronazos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa y echó abajo la versión oficial.
Las organizaciones civiles recordaron que en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló graves irregularidades respecto de diligencias practicadas en el Río San Juan -encabezadas por Zerón de Lucio y donde, según se reportó, se hallaron los fragmentos óseos que a la postre se identificó pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio-, la Visitaduría General de la PGR inició una investigación de control interno.
Esta investigación no profundizó, pues el titular de la Vistaduría fue apartado de su puesto. Posteriormente, dicho funcionario, revelaría haber recibido presiones para disminuir el alcance de su resolución. En este contexto, la nueva titular de la Visitaduría «auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios.» Ante esta determinación, las familias de los normalistas presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
De acuerdo con la «verdad histórica» defendida por el Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula, estado de Guerrero.
Pero el GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 hubieran sido quemados en el vertedero la misma noche en que desaparecieron y, además, sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
«Es importante recordar que la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que, a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, se produjo un viraje ‘lamentable’ que significaba una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa».
Nada más llegar al poder, el 3 de diciembre, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa que será instalada esta semana.
Los familiares de los normalistas desaparecidos consideraron que la sentencia representa una oportunidad para que la nueva administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo.
«La sentencia llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad», concluyeron.
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