El columnista Will Bunch ha descrito esta situación como un símil de lo acontecido con el gobierno de Richard Nixon y el infame episodio de Watergate.
Departamento de Justicia intervino varias líneas telefónicas de la Associated Press, como parte de una investigación sobre filtración de información de inteligencia de la CIA.
El año pasado, la Associated Press (AP) publicó un reportaje sobre cómo la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA) había ofuscado un acto terrorista en Yemen, donde miembros de Al-Qaeda pensaban situar a un pasajero suicida con una bomba en su ropa interior, en un avión con destino a Estados Unidos.
La operación contó con un alto nivel de confidencialidad e incluso con agentes encubiertos de la CIA. Según se ha explicado, la divulgación de la noticia causó malestar en la inteligencia estadounidense puesto que alertaba a Al-Qaeda en la Península Arábiga que había un soplón entre ellos. Por ello, a través del Departamento de Justicia (DOJ), se inició una investigación para hallar a la fuente que reveló la operación a los periodistas de la AP.
El director del FBI, John Bennan, fue cuestionado por el Departamento de Justicia para saber si él había sido la fuente, lo que negó, diciendo además que la divulgación de esta noticia era “desautorizada y peligrosa filtración de información clasificada”.
Entonces vino lo que hemos conocido esta semana: el Departamento de Justicia interceptó una veintena de líneas telefónicas de las oficinas y personales de los periodistas de la AP. El período de intervención de las llamadas telefónicas hasta ahora se desconoce, aunque se sabe que fueron varios meses, y afecta a más de 100 periodistas que a diario trabajan con esas líneas.
Varios medios estadounidenses han firmado una carta donde expresan a Eric Holder, fiscal general, que las acciones del Departamento de Justicia vulneran las libertades de prensa, denominando las intervenciones telefónicas una “redada extralimitada sobre los materiales de recolección de noticias”, invocando además que se destruyan todos estos registros y que el Congreso trabaje en una legislación que proteja de mejor manera la actividad periodística.
Holder, por su parte, defendió el actuar del Departamento de Justicia, añadiendo que él personalmente está marginado de esta investigación. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, evitó referirse directamente al tema, siendo bastante esquivo en la conferencia de prensa, limitándose a decir que el gobierno no desea involucrarse en la investigación para no afectar la autonomía del Departamento de Justicia.
El columnista Will Bunch ha descrito esta situación como un símil de lo acontecido con el gobierno de Richard Nixon y el infame episodio de Watergate. Según Bunch, Nixon y su asesor Henry Kissinger habrían ordenado al director del FBI Edgar Hoover a buscar las fuentes que proporcionaron a los periodistas información sobre los ataques que EEUU estaba llevando a cabo en Cambodia en aquel entonces. O sea, todo comenzó también buscando cómo se filtraban informaciones a la prensa.
Por la filtración de cables diplomáticos, a través de Wikileaks, el militar Bradley Manning lleva 3 años en prisión y se ha declarado culpable de una 10 de 22 cargos imputados, arriesgando la vida tras las rejas.
Escándalo del Servicio de Impuestos Internos (IRS)
Otro escándalo sacudió a la administración de Barack Obama la semana pasada, cuando se supo que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) focalizó sus tareas fiscalizadoras sobre una serie de entidades que recolectaban fondos para candidaturas políticas conservadoras.
Después de dos importantísimos fallos de la Corte Suprema en 2010, muchas afiliaciones políticas se vieron en la posibilidad de recolectar millonarios fondos para sus actividades, bajo el código tributario 501(c)(4). Las aplicaciones se doblaron en un período breve, por lo que fiscalizadores del IRS comenzaron a buscar entidades con palabras como “Tea Party”, “Patriot” y “9/12” (todas relacionadas con grupos ultra conservadores) para realizar sus investigaciones.
El senador por Florida, Marco Rubio (ligado a estos grupos conservadores), ha pedido la renuncia del Comisionado del IRS, Steven T. Miller, argumentando que hubo una evidente persecución política en este caso. “Estos abusos de poder de años son un asalto en los derechos de libertad de expresión de todos los estadounidenses. Este asalto a nuestra Constitución justifica que los estadounidenses desconfíen de su gobierno y de su habilidad para aplicar correctamente nuestras leyes”, dice la carta dirigida al presidente Barack Obama y el Secretario del Tesoro, Jack Lew.
Redacción «Entre Noticias»
