Avanza en México una ley que autoriza la intervención militar en tareas propias de civiles

"Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública"

“El gran enemigo de la democracia es la militarización del pensamiento político”. (Fernando Morán)

Este último día de noviembre, “quieren aprobar una Ley de Seguridad Interior que legalizaría la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles”, asegura el frente #SeguridadSinGuerra

Así ha ocurrido este jueves en su primera instancia, una vez que La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó con 18 votos a favor y 13 en contra el dictamen por el cual se crea la “Ley de Seguridad Interior”. El ordenamiento permitirá a las Fuerzas Armadas Federales (Ejercito y Marina) actuar contra la delincuencia de manera permanente, y al Ejecutivo federal emitir la declaratoria de Seguridad Interior en determinadas zonas geográficas. Se propone que la intervención del gobierno federal sea de un año como máximo, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior puede haber prórrogas, entendiendo como amenazas a la Seguridad Interior aquellas que afecten “la estabilidad de las instituciones y dañen gravemente a la población”.

Se define como Seguridad Interior la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

“¿Estamos en paz o estamos en guerra?”

Los argumentos de la oposición, reporta el diario La Jornada, para controvertir el dictamen de ley fueron insuficientes, no les alcanzó. Tampoco les alcanzó en número para echar abajo el texto. Panistas, morenistas, perredistas y Movimiento Ciudadano expusieron que se podía estar cometiendo “una de las irresponsabilidades históricas en el proceso de construir instituciones sólidas; no se regula la Seguridad Interior, está hecha a la medida en términos de la intervención, en Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas; mejor reconozcamos que estamos en guerra ¿Vivimos en paz?, o reconozcamos que estamos en guerra”, argumentaron.

 
Ayer miércoles el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la Ley de Seguridad Interior pasó de ser una “valiosa propuesta” a una “imperiosa necesidad”.

Al fijar su postura sobre tan delicado tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) planteó que “sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde hace más de 10 años”.

Por tanto, “una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”, alertó el ombudsman nacional, según informa la revista Proceso.

Aristegui Noticias informa al respecto que once organizaciones internacionales hicieron un pronunciamiento en conjunto para que el Congreso mexicano rechace la Ley de Seguridad Interior (LSI), proyecto que validaría la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Las organizaciones firmantes expresaron su preocupación ante el avance de la LSI en México, por el efecto de militarización que plantea la ley y pidieron al Estado mexicano atender las exigencias de organizaciones sociales que demandan reformas para acabar con la impunidad en el país.

Posicionamiento sobre las iniciativas en materia de Seguridad Interior: #SeguridadSinGuerra

Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.

Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:

Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una“Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.

Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.

Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.

Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.

Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.

Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.

 

En julio pasado vi esto en avenida Insurgentes en Ciudad de México y no pude evitar hacerme la pregunta:

¿Se cocina en México un cambio de relación entre el poder civil y el poder militar? ¿Puede lo civil quedar subordinado a lo militar?

 
Ver también Astillero: Poder militar y elecciones

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